Al no existir una habilitación legal expresa tratándose de los gobernadores o gobernadoras regionales, la Contraloría se ve impedida de determinar y hacer efectiva tal responsabilidad. Con todo, verifica que los gobernadores de regionales de Tarapacá y Biobío subsanaron sus infracciones, y el gobernador de Valparaíso, no ha cometido infracción alguna.
En caso de detectarse irregularidades se impondrán las multas correspondientes al empleador (si se pretende obtener la nulidad del procedimiento sumarial es necesario recurrir a los Tribunales de Justicia).
El recurrente conserva la totalidad de los derechos para ejercer su defensa; tales como formular descargos, defensas y pruebas e incluso, impugnar el acto terminal si lo estima pertinente.
El reclamo debe interponerse en el plazo de 10 días hábiles que consagra la norma.
La acción no resulta ser la vía idónea al efecto, pues se refiere a medidas disciplinarias propias de las atribuciones del Tribunal Constitucional respecto de los integrantes de dicho órgano.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El actuar de la recurrida resultó ser arbitrario, pues aún cuando notificó por correo electrónico al actor, desconoció sus alegaciones de haber recibido información incompleta del proceso.
