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El requirente alega que el hecho que la norma sólo aplique a procedimientos penales vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que el hecho que la norma sólo aplique a procedimientos penales vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente produce efectos contrarios a las normas y principios constitucionales.
El requirente alega que se le impide, sin justificación suficiente, solicitar que un tribunal superior conozca sobre una cuestión de fondo, afectando su garantía al debido proceso.
La requirente estima que la negación de la posibilidad de apelar en el caso concreto afecta sus garantías de igualad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.