El legislador introdujo el llamado “procedimiento monitorio”, que en rigor es una técnica que pertenece a los procesos simplificados, consistente en que se pueda acoger o rechazar la demanda sin escuchar a la contraparte, pero garantizando que ésta pueda abrir audiencia con sólo manifestar tal voluntad. Se originó para el cobro de sumas de baja cuantía, para conflictos en que existían pocas probabilidades de oposición.
El requirente alega que, de aplicarse el precepto en el caso concreto, se vulneran sus garantías constitucionales.
El requirente alega que el precepto impugnado, al prescindir de los requisitos que deben contener las sentencias que sí se exigen en otros procedimientos, produce efectos inconstitucionales.
La Ley N°21.226 eximió del cumplimiento de la mediación previa obligatoria o cualquier otra exigencia que se tornare difícil de satisfacer, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe.
