La decisión deviene en arbitraria pues carece de fundamento e infringe la igualdad ante la ley desde vez que representa una discriminación respecto de otros voluntarios a quienes se les imputa la misma falta y fueron sancionados con medidas menores, y además no se le permitió al actor impugnar la sanción.
Su aplicación no infringe las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso como reclamabas las requirentes.
Juzgar al requirente bajo dicho procedimiento vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso.
Tal indeterminación impide que el denunciado ejerza los derechos respetados a las personas sujetas a procedimientos sancionatorios.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El requirente alega que se infringe su derecho a un procedimiento y una investigación racionales y justos, al trabajo, y el principio de proporcionalidad de las penas.
La requirente alega que no puede defenderse de una ejecución que contraviene un derecho adquirido en procedimiento de familia, afectando sus garantías constitucionales.
Agilización en los procedimientos no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales de las partes.
No resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia negar la posibilidad de que la decisión sea revisada por un tribunal superior.
El requirente estima que no permitírsele controvertir una ejecución improcedente, se vulnera el debido proceso.
Al establecer que en contra dicha resolución no procederá recurso, se priva a las partes de sus medios de defensa.
