La actora denuncia que el procedimiento administrativo sancionador se inició sin el debido emplazamiento, lo que le impidió presentar sus descargos y pruebas.
Al decretarse nuevas diligencias por la SMA en aquel proceso sancionatorio, debió fijarse un plazo para ello y otorgar audiencia al administrado, pues son exigencias que velan por el debido proceso.
Se acreditó que la notificación nunca fue practicada, por lo que resulta vencida la presunción simplemente legal del artículo 46 de la Ley 19.880, y en su lugar debe acudirse al principio de primacía de la realidad.
El recurrente considera vulnerado su derecho a la integridad psíquica e igualdad, así como las normas que prohíben traslados de funcionarios fuera del lugar donde ejercen funciones desde 30 días antes de procesos eleccionarios.
Tras la notificación, las empresas cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, o bien, con 15 días hábiles para formular sus Descargos.
