Así lo establece el artículo 39 del Código Procesal Penal, por ende, si la magistratura sólo comunica la parte resolutiva del fallo, vulnera el derecho del acusado a conocer los fundamentos que el tribunal consideró para arribar a la decisión condenatoria.

La celeridad en los procesos orales no es óbice para sólo dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia, pues aquello vulnera el debido proceso del acusado al privársele de conocer los fundamentos de su condena.

Dar a conocer sólo la parte resolutiva de su decisión, vulnera el derecho de la acusada a conocer los fundamentos del fallo que la condena, según establece el artículo 396 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 39 del mismo texto.

El imputado intentó anular la sentencia y el juicio sobre la base de no haber sido informado oportunamente por el Ministerio Público de los elementos de prueba en su contra, mediante dicho requerimiento, petición que fue desestimada por el máximo Tribunal al considerar que, por la naturaleza del acto, el ente persecutor no está obligado a presentar una lista detallada de cada prueba, ya que, de ser así, la solicitud de cambio de procedimiento sería inviable en la especie.

En el procedimiento simplificado la formalización no es exigida para solicitar medidas cautelares.

La sentencia definitiva del tribunal de garantía fue impugnada mediante recurso de apelación por parte de la defensa del imputado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 18.216.

Sentencia dictada en procedimiento simplificado no escriturada, se anula. El máximo Tribunal advierte que se ha hecho una práctica común, en juicios orales simplificados, registrar solamente la parte resolutiva de las sentencias, lo que no asegura los derechos de los intervinientes del proceso penal.

Si bien es cierto que la celeridad en los procedimientos simplificados debe primar, ello no supone desatender el derecho que tienen los intervinientes de recibir una copia íntegra y legible de la sentencia.

El solo registro de la parte resolutiva de las sentencias no permite asegurar los derechos que asisten a los intervinientes en el proceso penal, y tampoco respeta sus garantías constitucionales.