Las enmiendas proponen una ley institucional que regule a los órganos autónomos y una Comisión Nacional de Justicia que los coordine. Sin embargo, el foco de disputa entre oficialismo y oposición es el nombramiento de los miembros de cada órgano.

El partido Republicano se posicionó como la lista mayor votada obteniendo 23 consejeros constitucionales, seguida de Unidad para Chile y Chile Seguro. Mientras que Todo por Chile y Partido de la Gente, no obtuvieron escaños.

Ya no queda nada. Este domingo 7 de mayo se celebrarán las elecciones que conformarán el órgano encargado de la redacción de la nueva carta magna.

Algunas de las enmiendas presentadas son para el artículo 176 que trata sobre la composición de un Consejo Técnico Asesor en la Contraloría General de la República y al artículo 177 que detalla sobre la posibilidad de impugnar judicialmente las actuaciones del Contralor General de la República, excepto para los organismos y órganos de la Administración del Estado y la Administración Regional y Local, los cuales no podrían presentar reclamaciones.

La Comisión Experta continúa con la discusión en particular de las indicaciones intentando a la par enmendar los ánimos. La tensión entre el oficialismo y la oposición parece estar llegando a su fin. Las cuatro subcomisiones han continuado con la discusión de las indicaciones propias de su materia.

Si bien el apartado contiene casi 40 artículos, son dos los que han concentrado la mayor atención del debate: aquel sobre el Sistema Electoral y el umbral del 5%; y el que cesa en su cargo a parlamentarios que hayan renunciado a su partido político. En ellos descansa las pretensiones de otorgar mayor protagonismo a los partidos y evitar la “fragmentación” del Congreso. 

Comisionados del oficialismo buscan dotar a la entidad de herramientas que permitan otorgarle nuevas tareas, como la de contribuir al bienestar social de la población.

Comisionados del oficialismo ingresaron dos indicaciones para modificar el primer artículo del actual anteproyecto constitucional: una para modificar su redacción y otra para incorporar al Estado Social y Democrático de Derecho en su redacción.

Además, se incluye un nuevo inciso que permitiría a los uniformados no obedecer órdenes que “lesionen la dignidad humana”.

La indicación modifica el quórum mínimo a un seis por ciento para presentar iniciativas populares de ley y permite al Presidente patrocinar las iniciativas que sean de su exclusiva competencia.