Un juez admitió el uso de gafas de realidad virtual para visualizar la recreación del delito que le tocó juzgar. Asi fue que logró analizar de cerca los hechos y decidir en torno a un posible caso de legitima defensa.
La decisión de excluir a los querellantes, hipótesis que no ha sido prevista de manera expresa por el Código Procesal Penal, resulta equivalente, en lo que dice relación con sus efectos, a la contemplada en el artículo 115 del Código Procesal Penal.
En los requerimientos se alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho al recurso, desde que el tribunal ha decidido sin previo debate.
La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia, razona el voto por acoger.
Se ha establecido que la obligación procesal del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención requiere una respuesta de derecho penal, y que a las víctimas se les debe dar la oportunidad de participar en este proceso, en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Esto no puede compensarse con la posibilidad de que puedan presentar una demanda civil separada, ya que dicho procedimiento no examinaría la responsabilidad penal del acusado.
No se divisa que la incomparecencia de la Fiscalía en el proceso penal sea una medida desproporcionada. Dándose un hecho tan excepcional y grave, ha tenido lugar la situación descrita en la disposición legal cuestionada constitucionalmente y, por consiguiente, la Corte Suprema ha procedido a aplicarla, sin que aquello implique una transgresión a la igualdad ante la ley, porque, además, no se puede preterir que el fundamento constitucional de aquella está en el artículo 21 del Código Político.
Según la información de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena habría buscado testigos para que desmintieran las acusaciones que lo relacionan con paramilitares y, supuestamente, a cambio de dádivas y otros beneficios declararan en contra del senador Iván Cepeda.
La libertad de expresión está consagrada constitucionalmente y guiada por el binomio “libertad y responsabilidad”, es decir, el ejercicio de este derecho no puede ser utilizado como un verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas.
El requirente alega que la restricción recursiva afecta injustificadamente su derecho al recurso y constituye discriminación arbitraria en su contra.
Vulnera el debido proceso.
Sentencia dictada en procedimiento simplificado no escriturada, se anula. El máximo Tribunal advierte que se ha hecho una práctica común, en juicios orales simplificados, registrar solamente la parte resolutiva de las sentencias, lo que no asegura los derechos de los intervinientes del proceso penal.
