Ni la libertad de cátedra ni la libertad de expresión amparan que el recurrente se dirija a sus alumnos haciendo comentarios respecto a su aspecto físico. En este caso se ha sancionado la conducta del recurrente que se concretó en unas expresiones, cuyo contenido es claro, no siendo relevantes esos matices que pretende realizar la parte apelante.
Según el ente persecutor, en agosto de 2021, año en el cual la víctima cursaba segundo año de educación media en un liceo de la ciudad de Punta Arenas, fue objeto de tratos degradantes por parte del imputado, quien se desempeñaba como profesor de educación física, tratándolo a viva voz de “tonto, raro y leso”.
El tribunal de primer grado enfatizó que desde el año 2001, no se puede invocar la falta de adecuación técnica del trabajador como una “necesidad de la empresa”, por haber sido derogada esta circunstancia por la Ley Nº19.759.
La persona que posee el título de profesor es un profesional de la educación que presta servicios en un establecimiento de educación básica y media, quien puede ejercer funciones docente y docente-directiva, además de las diversas funciones técnico- pedagógicas de apoyo.
El tribunal dio por acreditado, que las víctimas tenían entre 6 y 8 años, el sentenciado “realizó actos de relevancia y connotación sexual en la sala de clases”. En el segundo hecho, cuando una víctima tenía 8 años R.A.A.B. realizó actos de relevancia y connotación sexual a una menor que sentó en sus piernas, le mordía las orejas y la besó en la boca.
El máximo Tribunal resuelve que las normas de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo no son incompatibles con las normas del Estatuto Docente.
La Ley N°19.070 prevalece por criterio de especialidad respecto del Código del Trabajo.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
Los recurridos solo compartieron la grabación de la clase entre sus contactos de Whatsapp, por lo que su divulgación en redes sociales no le son imputables.
La recurrida ordenó el reintegro de lo pagado por concepto del Programa de Integración Escolar.
La demandada fue condenada al pago de $4.230.925.
