El máximo Tribunal refrendó la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó al establecimiento educacional solucionar el incremento legal por años de servicios y proceder a restituir los descuentos del aporte del empleador a los seguros de cesantías de las docentes.