El proyecto de ley que da solución a la deuda histórica de profesores y profesoras propone un monto de $4 millones 500 mil pesos por persona, reajustable, cuyo pago será progresivo, abarcando al universo total de docentes en un plazo de 6 años.
El máximo Tribunal hizo lugar a la acción deducida por el sindicato de profesores de la Corporación, que hicieron ver a la magistratura las paupérrimas condiciones en las que deben hacer clases en el Liceo La Portada, tales como, plaga de roedores, falta de mantención en las instalaciones del liceo, y servicios sanitarios deficientes.
La variedad de diferentes salvaguardias institucionales permitió a los sindicatos de funcionarios defender eficazmente sus intereses. La elevada tasa de sindicalización entre los funcionarios públicos alemanes ilustra la eficacia en la práctica de los derechos sindicales tal como se garantizan a los funcionarios públicos. La prohibición de huelga no priva de sustancia a su libertad sindical.
Elimina la “Evaluación Docente”, establecida en el artículo 70 del estatuto de los profesionales de la educación para consolidar el Sistema de Desarrollo Profesional Docente como único sistema de evaluación.
Alcalde de María Elena desvinculó a docente de planta esgrimiendo normas del estatuto docente para separar a la funcionaria por salud incompatible, sin consultar previamente a la COMPIN, situación anómala que hizo improcedente el despido y puso a la demandante en posición de se ser indemnizada mediante la aplicación subsidiaria de los artículos 162 y 168 del Código del Trabajo.
El verdadero sentido y alcance de la Ley N°19.933 no es establecer un aumento progresivo permanente en las remuneraciones, sino destinar recursos que anteriormente eran percibidos por los sostenedores para otorgar beneficios salariales a los docentes y aumentar mediante otros ítems el pago del valor por hora de clase.
En razón de que este deber se desprende únicamente en el supuesto de incumplir la obligación de retribución, la cual nace una vez concluidos los estudios pedagógicos de profesor (a) o educador (a), por lo tanto, el caso consultado no puede generarse ninguno de los dos.
El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia a la Subsecretaría de Educación Superior tenga el carácter de reservada.
La Corte plantea que debe anotarse que el hecho o conducta que ha sido sancionada está constituida por la liviandad con la que fue mostrada la nota cuestionada, sin representarse la concesionaria el efecto y la influencia que pudiera ejercer sobre los televidentes, exhibiendo como jocoso y pacífico, un comportamiento totalmente ajeno al respeto que deben tener los alumnos por sus profesores.
El beneficio de la Ley 19.933 no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma pretendida por los demandantes, sino que las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo.
Existen cerca de 10.000 profesionales de la educación que no acceden al pago del BRP.
