El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia a la Subsecretaría de Educación Superior tenga el carácter de reservada.
La Corte plantea que debe anotarse que el hecho o conducta que ha sido sancionada está constituida por la liviandad con la que fue mostrada la nota cuestionada, sin representarse la concesionaria el efecto y la influencia que pudiera ejercer sobre los televidentes, exhibiendo como jocoso y pacífico, un comportamiento totalmente ajeno al respeto que deben tener los alumnos por sus profesores.
El beneficio de la Ley 19.933 no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma pretendida por los demandantes, sino que las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo.
Existen cerca de 10.000 profesionales de la educación que no acceden al pago del BRP.
El máximo Tribunal anuló la resolución de base y, en sentencia de reemplazo, estableció que en la especie no procede el pago de los beneficios solicitados.
La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
La Corte de Puerto Montt indicó que, resultó evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar.
