Notificar sobre la seropositividad no debería ser obligatorio, siempre y cuando esto no afecte las capacidades físicas y mentales de la persona trabajadora, de modo tal que le imposibilite desarrollar sus actividades laborales. En dicho evento es razonable que exista una imposición de informar al empleador con miras a precautelar el estado de salud de un trabajador.

Determinó que las disposiciones violaban el artículo 14 del Convenio, en conjunción con el artículo 8, que protege el derecho a la privacidad y a la vida familiar. El artículo 14 establece que los derechos deben garantizarse sin discriminación por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, asociación con una minoría nacional, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición.

La ley define los delitos de odio como aquellos actos delictivos que están motivados por prejuicios o intolerancia hacia una o más características de la víctima, según lo enumerado en la legislación. Además, prohíbe los delitos contra la asociación o el apoyo de una persona con tales características.

La publicación de fotografías que mostraban la intimidad de sus parejas mientras viajaba o en fiestas era un elemento básico de las redes sociales. La reacción hostil de su empleador ante el hecho de que lo hiciera se debió a la falta de aceptación de su sexualidad.

El Gobierno no proporcionó razones pertinentes y suficientes para la revisión de condenas históricas por crímenes relacionados con el Holocausto. Por lo tanto, las absoluciones habían sido excesivas e innecesarias en una sociedad democrática, lo que llevó a una violación del artículo 8 leído conjuntamente con el artículo 14 del Convenio.

El marco legal moldavo existente no cumple con el deber del Estado (“obligación positiva”) de establecer y aplicar efectivamente un sistema que brinde protección a las personas con discapacidad intelectual en general, y a los niños privados del cuidado de sus padres en particular, contra graves violaciones de su integridad, en contravención del artículo 3 del Convenio.

La protección del bienestar animal es un valor ético al que las sociedades democráticas contemporáneas conceden una importancia creciente. La protección de la moral pública, a la que se refiere el artículo 9 del Convenio, no puede entenderse como destinada únicamente a proteger la dignidad humana en el ámbito de las relaciones interpersonales.

En el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24, 25 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento, la Corte declara que la República de Costa Rica ha dado cumplimiento total a las medidas de reparación.

El principio de instrucción en la lengua materna está lejos de ser la norma en los Estados europeos. No existe consenso sobre este punto. Para este Tribunal, los Estados tienen una amplia discreción (“margen de apreciación”) para fijar el idioma utilizado en las escuelas, y el Gobierno no se excedió en el caso concreto.

Teniendo en cuenta que el proceso penal avanzó hasta la emisión de una sentencia, en la cual se condenó al propietario y al gerente de la Hacienda Brasil Verde, pero no está firme debido a que no han sido resueltos los recursos interpuestos contra la misma, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento parcial a la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, ordenada en el punto resolutivo noveno de la Sentencia.