El actor no presentó pruebas, como informes médicos, sobre los supuestos malos tratos; tampoco aportó copias de las declaraciones que hizo en las etapas de investigación o juicio, ni cualquier otra cosa que permitiera al Tribunal examinar sus alegaciones de malos tratos. Del mismo modo, no ofreció ninguna razón para su queja sobre la falta de objetividad e imparcialidad de los tribunales.
El delito por el cual el solicitante fue condenado tenía una base en la “ley nacional en el momento en que se cometió”, y también la ley lo había definido con suficiente claridad para cumplir con el requisito de previsibilidad. Además, la interpretación de los tribunales nacionales de las disposiciones del Artículo 314 § 2 del Código Penal no fue expansiva y la solución en el presente caso fue coherente con la esencia del delito.
La constatación de las autoridades, según la cual la mujer podría haber sentido cierta dependencia respecto del sospechoso, no les impulsó a ampliar su análisis. Este enfoque –que había consistido, en esencia, en negarse a evaluar los hechos en su contexto teniendo en cuenta el estado psicológico de la demandante a la luz de las circunstancias específicas del caso, y no simplemente del hecho de que ella era una adulta – había tenido defectos.
Los demandantes no aportaron pruebas de que existiera un riesgo real de ser condenados a cadena perpetua sin libertad condicional si eran extraditados a los Estados Unidos. Los cargos de los solicitantes estarían relacionados principalmente con el tráfico de drogas, delitos por los cuales menos del 2% de las condenas en el Distrito Este de Texas fueron de cadena perpetua.
Ni el fiscal superior ni los tribunales se esforzaron en explicar por qué no había sido necesario un examen psiquiátrico y psicológico forense. Las autoridades adoptaron esta actitud, a pesar de la conclusión de un psicólogo de que podría haberse producido violencia sexual.
La doctrina de los actos de Estado fue interpretada de manera restrictiva por los tribunales administrativos, que habían desarrollado el concepto de acto disociable del comportamiento de los diplomáticos franceses.
Cuando existen motivos fundados para creer que una persona enfrenta un riesgo real de sufrir la pena capital, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes en el país de destino, el Estado contratante tiene la obligación de no expulsar a esa persona. En este caso, los hombres se enfrentaban a un riesgo extremadamente alto de ser condenados a muerte.
Las autoridades nacionales eran muy conscientes de los acontecimientos narrados, por lo que deberían haber previsto los riesgos, dadas las actitudes hostiles de sectores de la sociedad rusa hacia la comunidad LGBTI. Además, deberían haber aprobado las manifestaciones con antelación para contar con el tiempo necesario para implementar las medidas de seguridad necesarias.
Las autoridades involucraron a los cosacos para asistir a la policía en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, con fondos especiales asignados al presupuesto regional. Así, hubo una relación directa entre el ataque de los cosacos y su deber de mantener el orden público. Por lo tanto, el Estado es responsable, independientemente de si los cosacos estuvieron oficialmente a su servicio o no.
