El solicitante, cuyas declaraciones y alegaciones en ocasiones parecieron contradictorias e inconsistentes, no aportó pruebas prima facie de su presencia en Grecia ni de su “pushback” a Turquía desde la isla de Samos en las fechas alegadas y, por lo tanto, no podía reclamar la condición de víctima en virtud del Artículo 34 del Convenio.
La reclusión del demandante en régimen de aislamiento de 2012 a 2016 en prisiones que no podían proporcionarle la atención adecuada, combinada con las medidas disciplinarias adoptadas contra él que en ocasiones implicaban el uso de esposas, deben haber exacerbado el sufrimiento causado por su enfermedad mental, constituyendo un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio.
Asignar una protección absoluta al derecho a la vida en su primera dimensión resultaría en una afectación más significativa, ya que en este escenario no existe una privación no arbitraria, además, hay un contexto de sufrimiento intenso por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable.
Ninguna de las autoridades o tribunales nacionales había proporcionado una explicación adecuada de por qué no había sido posible obtener una orden judicial dadas las circunstancias. Además, la legislación lituana también exigía que fuera necesaria una detención de cualquier duración para impedir que el sospechoso huyera o interfiriera en el proceso, pero las autoridades no abordaron los argumentos presentados por el actor con los que había cuestionado la necesidad de la detención.
No existen motivos para dudar de las conclusiones de las autoridades con respecto a las circunstancias personales del demandante, a las que se había llegado tras un examen exhaustivo y racional. En particular, constataron la inconsistencia en los motivos de sus dos solicitudes de asilo: originalmente solicitó asilo debido a las amenazas de la mafia libia; luego porque había trabajado para el régimen de Gaddafi.
Las autoridades rusas no tomaron medidas para reconocer el problema o para proteger a los solicitantes de los malos tratos que habían sufrido. Además, los demandantes no disponían de ningún recurso efectivo para quejarse de su situación, e incluso el Defensor del Pueblo admitió que tales quejas no tenían ninguna posibilidad de éxito.
La expulsión colectiva se produce cuando los casos particulares de las personas no se evalúan por separado. Italia no refutó la alegación de los demandantes de que no se habían realizado entrevistas individuales antes de que firmaran las órdenes de denegación de entrada.
El alto nivel de dependencia de Abjasia al apoyo ruso durante el periodo en que ocurrieron los hechos, permite concluir que Rusia ejerció un control efectivo y una influencia decisiva sobre el territorio abjasio. Por tanto, los asuntos denunciados caen dentro de la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 de la Convención.
La investigación fue inadecuada, incapaz de actuar como elemento disuasorio contra futuros actos de esta naturaleza, en violación del artículo 3 en relación con el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El requirente estima que el núcleo de la conducta penada no se encuentra descrito en la ley, infringiendo los principios de legalidad y tipicidad.
La recurrida es una institución estatal que se encuentra vinculada al derecho interno en materia de respeto de derechos fundamentales y también al bloque constitucional que regula dicha materia, y a las reglas de tratamiento de personas privadas de libertad.
