La existencia del derecho de servidumbre debidamente constituida y plenamente vigente no puede desconocerse obrando en la creencia de que se tiene dominio sobre la franja que la comprende.
El requirente acusa que la aplicación del precepto legal la priva del ejercicio de su derecho a accionar, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, contraviene los principios tributarios de legalidad, igualdad, justicia y capacidad contributiva, a su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Cadena farmacéutica estima que las normas objetadas vulneran la garantía del debido proceso y propiedad, permitiendo al organismo administrativo constituirse en una “comisión especial” que autotutela sus intereses.
El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso y propiedad privada.
El actor no pudo acreditar las supuestas amenazas y actos de autotutela que los recurridos habrían efectuado para que abandone el predio, hechos que en opinión de la Corte deben ser conocidos en un juicio declarativo.
Las nuevas Reglas establecen una obligación general sobre las partes de revelar el nombre y la dirección de cualquier tercero de quien la parte haya recibido fondos para la interposición, la defensa, o a cambio de una remuneración dependiente del resultado, del procedimiento.
El principio de razonabilidad repele toda arbitrariedad de las autoridades y exige que sus conductas estén fundadas en las exigencias constitucionales.
El fallo considera que las restricciones a los derechos de los demandantes tuvieron como finalidad castigarlos por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos e impedir la continuidad de sus actividades.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al no cumplir con los requisitos legales para su admisión.
Informe de Carabineros determinó que servidumbre de tránsito no presenta obstáculos para su uso por el recurrente ni por terceros.
El margen de configuración legislativa en materia de propiedad privada no es absoluto, de modo que siempre debe motivar la afectación de este derecho.
