El recurrente pretendía revertir la decisión denunciando la falta o indebida aplicación de los criterios establecidos para fijar la multa e invocó su condición de entidad sin fines de lucro y que las instalaciones sí habían sido validadas por la SEC con anterioridad, por lo que tienen las condiciones suficientes para poder inscribirse.
También se impugnó la norma que faculta al juez de policía local sancionar con multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, cualquier infracción a las disposiciones de la LGUC, a su ordenanza general y a los instrumentos de planificación territorial. La requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad.
La necesidad racional del medio empleado no pasa por valorar la existencia de posibles alternativas que, reduciendo las posibilidades de defensa, pudieran haber causado menos daño al agresor, cuando el finalmente provocado es el mismo que se trataba de evitar; sino por considerar si, en el caso concreto, dispuso el agredido de otras posibilidades, igualmente efectivas para la defensa, pero menos lesivas para el agresor y al razonable alcance de quien se defiende.
La requirente alega que esta prescripción de corto plazo es arbitraria y atenta contra la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, propiedad, entre otras garantías.
El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe el principio de igualdad ante la ley y su garantía a un debido proceso.
Requerimiento de juezas titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y Marco Enrique Ominami.
El requirente alegó que los artículos 208 y 506 del Código del Trabajo al no establecer criterios o parámetros objetivos para la determinación del quantum de la multa, infringen los principios de proporcionalidad y legalidad.
La medida de apremio no constituye prisión por deudas, por lo que no se advierte una vulneración de garantías fundamentales.
Estableció que ciertas disposiciones tributarias ya declaradas conformes a la Constitución, y alteradas luego por jurisprudencia posterior del mismo, no implican una modificación del alcance del principio de proporcionalidad.
Dicha decisión por su relevancia y efectos debe cumplir con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad propios de todo acto administrativo.
No resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia negar la posibilidad de que la decisión sea revisada por un tribunal superior.
