La popular red social anunció que cesará sus operaciones hoy si no recibe garantías de que no será penalizada bajo la ley que exige su venta. La Corte Suprema y la presión política complican su futuro en el mercado estadounidense.
La libertad de expresión y de comunicación no son, como ningún otro derecho fundamental, absolutos y cuando entran en colisión con otros intereses que requieren mayor protección, pueden quedar limitados.
De probarse las omisiones constituirían infracciones de los artículos 34(1), 34(2), 35(1), 28(1), 39(1) y 40(12) de la Ley. La Comisión llevará ahora a cabo una investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de un procedimiento formal no prejuzga su resultado.
Las organizaciones instan a una revisión exhaustiva del borrador para abordar estas preocupaciones antes de que avance más en el proceso legislativo. En última instancia, buscan una convención que proteja los derechos individuales y fomente la cooperación internacional en el ciberespacio de manera justa y equitativa.
El contenido de las publicaciones en cuestión tiene la aptitud para vulnerar el derecho a la honra del actor, en particular su reputación social, toda vez que las expresiones drogadicto y maltratador de mujeres, evidentemente, revisten dicho carácter.
Como titular de la patria potestad debe cumplir con el deber de cuidado y vigilancia de su hijo, que incluye, la vigilancia en el uso que se da a los elementos tecnológicos.
La norma aprobada por la Comisión de Familia también contempla sanciones en contra de las y los funcionarios que difundan el domicilio u otra información de la víctima.
Según la abogada Ana I. Rodríguez, experta en Derecho de Familia, realizar este tipo de contenido supone un riesgo potencial para los menores porque las imágenes pueden ser guardadas, alteradas, manipuladas e incluso comercializadas en plataformas de contenido sexual. Y más ahora con la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) que permite crear imágenes ‘fake’ como le ocurrió recientemente a la cantante Rosalía.
Si bien los Estados tienen una amplia discrecionalidad para determinar la pertinencia de sus esquemas de tributación, ello no es una facultad ilimitada ni está más allá del escrutinio judicial. Debe asegurarse de que las autoridades, ya fueran legislativas, ejecutivas o judiciales, tuvieran presente un equilibrio adecuado entre los intereses individuales y públicos, teniendo en cuenta las garantías procesales apropiadas.
El responsable del tratamiento debe conocer todas las operaciones de tratamiento de datos y ser capaz de verificar y demostrar la legalidad de cada operación de tratamiento.
El Tribunal Constitucional Austriaco sostuvo que la exclusión de los medios de comunicación vulnera el derecho fundamental de la protección de datos.
