La norma aprobada por la Comisión de Familia también contempla sanciones en contra de las y los funcionarios que difundan el domicilio u otra información de la víctima.
Según la abogada Ana I. Rodríguez, experta en Derecho de Familia, realizar este tipo de contenido supone un riesgo potencial para los menores porque las imágenes pueden ser guardadas, alteradas, manipuladas e incluso comercializadas en plataformas de contenido sexual. Y más ahora con la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) que permite crear imágenes ‘fake’ como le ocurrió recientemente a la cantante Rosalía.
Si bien los Estados tienen una amplia discrecionalidad para determinar la pertinencia de sus esquemas de tributación, ello no es una facultad ilimitada ni está más allá del escrutinio judicial. Debe asegurarse de que las autoridades, ya fueran legislativas, ejecutivas o judiciales, tuvieran presente un equilibrio adecuado entre los intereses individuales y públicos, teniendo en cuenta las garantías procesales apropiadas.
El responsable del tratamiento debe conocer todas las operaciones de tratamiento de datos y ser capaz de verificar y demostrar la legalidad de cada operación de tratamiento.
El Tribunal Constitucional Austriaco sostuvo que la exclusión de los medios de comunicación vulnera el derecho fundamental de la protección de datos.
La autoridad italiana de protección de datos personales resolvió que la recolección de datos clínicos de los usuarios sin informarles y sin seguir los protocolos que al efecto establece la legislación constituye una infracción del Reglamento de Protección de Datos de la Union Europea y de la legislación italiana.
La intervención fraudulenta de un tercero no implica que la empresa contratante haya actuado con la diligencia exigida por la Ley de Protección de Datos.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Organización Europea de Consumidores aseguró que “incurre en múltiples infracciones” que principalmente tienen que ver con su uso por parte de menores de edad.
Es deber de los empleadores informar de forma expresa a los trabajadores el uso de cámaras de vigilancia.
