La iniciativa propone endurecer las sanciones en los delitos de robo de vehículos motorizados, estableciendo la obligatoriedad de cumplir condenas en prisión durante un año sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas, y ampliar el plazo de flagrancia a 48 horas, lo que también será a aplicable al delito de receptación.
Las plataformas sujetas a las restricciones que no implementen medidas razonables para impedir que menores de 16 años creen cuentas estarán sujetas a multas de hasta 50 millones de dólares australianos. Aunque la legislación no detalla explícitamente las plataformas afectadas, menciona que ciertos servicios, como YouTube, podrían estar exentos.
La Secretaria de Justicia declaró que el propósito de la legislación es abordar el hacinamiento en los centros penitenciarios y optimizar los recursos hacia la atención de reclusos que representen mayor riesgo para la seguridad pública. Asimismo, resaltó la importancia de reforzar los mecanismos de reinserción.
La iniciativa buscaba establecer nuevas obligaciones para las plataformas de redes sociales en la detección, eliminación y notificación de contenidos que se clasifican como desinformación (información falsa difundida intencionadamente) o información errónea (información falsa o engañosa compartida sin intención deliberada de causar daño).
Establece un procedimiento previo a la designación, mediante el cual el Secretario del Tesoro debe emitir un aviso escrito dirigido a la última dirección registrada de la organización. Este aviso deberá incluir la designación prevista, los nombres de las organizaciones a las que se alega que se brindó apoyo y una descripción del material de apoyo proporcionado.
Según la redacción actual del proyecto de ley, se prohíbe la venta de tabaco, papel para fumar y productos de hierbas para fumar a toda persona nacida a partir del 1 de enero de 2009. Además, se establece como delito adquirir productos de tabaco en nombre de cualquier individuo nacido a partir de esa misma fecha.
En el transcurso de la discusión del proyecto de ley, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité por la Justicia, han emitido observaciones señalando posibles desafíos en relación con la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema de justicia penal egipcio.
El proyecto de ley establece que la participación en programas de educación sobre identidad de género, orientación sexual y sexualidad humana requerirá la aprobación previa de los padres. Bajo esta normativa, las autoridades educativas deberán informar a los padres y ofrecerles la posibilidad de optar por la participación de sus hijos en estos programas.
Entre los cambios realizados, se destacó la eliminación de la creación de un Consejo Consultivo, cuyos integrantes debían percibir una dieta y ser nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. “Se pedirá la opinión de expertos cuando se requiera”, se explicó.
Establece la obligación para los establecimientos educacionales de contar con espacios diseñados para ayudar a los estudiantes a manejar sus desregulaciones emocionales y conductuales a fin de que cuenten con un entorno seguro para que recuperen su equilibrio emocional.
El sistema judicial especializado en derecho de familia tiene por objeto proporcionar un mecanismo más cercano, eficaz y adecuado para resolver este tipo de procedimientos.
