Iniciativa consagra el dominio público de las aguas y el “derecho al agua” como un derecho humano en la Constitución.
Busca reconocer el agua como un derecho humano fundamental y el dominio absoluto del Estado sobre las aguas continentales, a fin de protegerla y asegurar a todas las personas su acceso en cantidad suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.