El proyecto de ley establece que la participación en programas de educación sobre identidad de género, orientación sexual y sexualidad humana requerirá la aprobación previa de los padres. Bajo esta normativa, las autoridades educativas deberán informar a los padres y ofrecerles la posibilidad de optar por la participación de sus hijos en estos programas.

Entre los cambios realizados, se destacó la eliminación de la creación de un Consejo Consultivo, cuyos integrantes debían percibir una dieta y ser nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. “Se pedirá la opinión de expertos cuando se requiera”, se explicó.

Establece la obligación para los establecimientos educacionales de contar con espacios diseñados para ayudar a los estudiantes a manejar sus desregulaciones emocionales y conductuales a fin de que cuenten con un entorno seguro para que recuperen su equilibrio emocional.

El sistema judicial especializado en derecho de familia tiene por objeto proporcionar un mecanismo más cercano, eficaz y adecuado para resolver este tipo de procedimientos.

La enmienda contempla que la presentación de reclamaciones carentes de fundamento, con el propósito de retrasar procedimientos penales, constituirá desacato al tribunal. La normativa prevé, además, que quienes inciten a la comisión de tales abusos procesales serán igualmente responsables del delito de desacato.

El Proyecto de Ley de Negociación Justa de Noticias Digitales plantea un mecanismo de reparto equitativo de ingresos entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación. No obstante, el Ministro de Medios y Comunicaciones de Nueva Zelanda, Paul Goldsmith, indicó que el proyecto se encuentra aún en fase de consulta y que se están considerando las aportaciones de los distintos actores del sector.

Estas disposiciones responden a recientes informes que cuestionan la transparencia en las actividades de ciertos jueces de la Corte. Uno de los casos que ha motivado este tipo de propuestas es el del juez Clarence Thomas, quien ha sido objeto de investigaciones periodísticas que señalan la falta de información sobre la recepción de obsequios cuantiosos.

A pesar de este veto, el gobernador ha firmado recientemente tres proyectos de ley relacionados con la regulación de la inteligencia artificial. Estas leyes tienen como objetivo mitigar los efectos del uso de la IA en la creación de contenidos relacionados con las elecciones, particularmente en lo que respecta a la proliferación de “deepfakes”.

La propuesta de ley busca fortalecer las medidas de seguridad para estas figuras públicas, dado el incremento reciente de incidentes relacionados con intentos de asesinato y amenazas en su contra.

Estas leyes complementan la AB 730, introducida en 2019, que prohíbe la distribución de «deepfakes» relacionados con candidatos en los 60 días previos a su participación en una boleta electoral. La AB 730 también establece la posibilidad de que los candidatos afectados por deepfakes puedan emprender acciones legales.