La moción busca establecer un marco legal que responda de manera efectiva a la realidad migratoria y que también fortalezca los mecanismos de seguridad y orden público.

También busca que se pueda citar a gobernadores regionales y magistrados de tribunales superiores de justicia.

En virtud de un informa parlamentario, en el cual se señala un cambio en la percepción social, donde conductas previamente toleradas ahora son consideradas inadmisibles.

La aprobación de esta ley responde a las demandas planteadas por los ciudadanos en las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en relación con la lucha contra la trata de seres humanos en cooperación con terceros países, el abordaje de los desafíos en las fronteras exteriores y la seguridad de los migrantes.

Según el proyecto de ley, las aplicaciones de este tipo, definidas como aquellas controladas por adversarios extranjeros y que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán prohibidas a menos que el propietario de dichas aplicaciones cese su control sobre ellas en un plazo de 270 días.

La reautorización, ahora conocida como la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, establece ciertas modificaciones destinadas a mitigar las preocupaciones en torno a las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses.

Contempla la prohibición de la venta de tabaco a personas nacidas después del 1 de enero de 2009, lo que efectivamente impediría que las futuras generaciones accedan a este producto. Asimismo, se establecerían sanciones pecuniarias inmediatas para los comerciantes que vendan cigarrillos y dispositivos de vaporización a menores de edad.

El proyecto de ley define el término «arma de asalto» y prohíbe a una persona fabricar, importar, comprar, vender, ofrecer vender o transferir la propiedad de un arma de asalto. El proyecto de ley prohíbe además que una persona posea un activador de disparo rápido.

Pone fin a los requisitos restrictivos que previamente regían la modificación legal del género. Ahora, los ciudadanos transgénero y no binarios podrán cambiar su género en sus documentos legales simplemente mediante la autoidentificación, en un trámite simplificado y expedito.

Establece que las instituciones educativas y bibliotecas públicas no deben promover ni poner a disposición material que se considere inapropiado para los niños. Además, contempla la posibilidad de acciones legales si no se retira o reubica el material señalado como perjudicial.