Se trata de un cargo grave por la realización de obras al interior del área protegida, considerando la apertura y ejecución de caminos, además del despeje de terreno, descepado y tumbado de ejemplares de árboles como tamarugos y algarrobos sin contar con una RCA que lo autorice.
El permiso de edificación habría sido aprobado por la Dirección de Obras Municipales, que autorizó a la inmobiliaria Reconsa SA a la ejecución del proyecto en las cercanías de las dunas de la comuna.
La Tercera Sala estableció error de derecho en el fallo dictado por el Segundo Tribunal Ambiental, que acogió parcialmente la reclamación.
Proyecto emplazado en una superficie superior a 7 hectáreas, que contempla más de 300 viviendas.
No es necesaria la patente de bodega si es evidente que los materiales situados en el lugar están contemplados para la construcción que se llevará a cabo, y en cuanto a la paralización prologada del proyecto, esta encuentra su justificación en las medidas sanitarias por COVID adoptadas por la autoridad de salud.
El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Luego del proceso de participación ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental, la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana señala que el proyecto presentado por Cruzados SADP cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.
La empresa presentó el programa de cumplimiento luego que la SMA le formulara un cargo calificado como gravísimo por la ejecución del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” en el área protegida Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y afectación de duna adyacente, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo aprobara.
“Que, de todo lo razonado en esta sentencia, a juicio del Tribunal no consta ilegalidad alguna en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto ‘Terrazas del Valle’ ni en las Resoluciones Exentas N° 105/2020 y N° 307/2020, razón por la cual la reclamación será rechazada”, dice la sentencia.
Los reclamantes piden anular la aprobación del Programa de Cumplimiento por la SMA, mientras que el organismo fiscalizador asegura que se ajustó a derecho.
Judicatura especializada ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental complementar evaluación del riesgo asociado a la falla de San Ramón en base a estudios geológicos recientes y con la participación de las entidades públicas competentes.
