El recurrente no pudo revertir la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de oposición a la regularización, al considerar que el predio reclamado pertenece al demandante, por lo que el proceso iniciado por el demandado en virtud del D.L. N°2695 se dejó sin efecto.
La Fiscalía ni siquiera acompañó fotografías del vehículo que permitieran tener una idea de la magnitud del golpe, el lugar de los hechos u otros aspectos importantes, por lo que resulta improbable satisfacer los elementos del tipo materia de la acusación del modo en que lo exige el procedimiento penal.
Se intentó inscribir la marca “CHILE CHILE CHALLENGE”, para el rubro de organización de competencias. A pesar del novedoso concepto de organizar competencias para “comedores de ají”, el máximo Tribunal confirmó la decisión del TPI por utilizar signos gráficos y fonéticos poco distintivos para su pretensión comercial.
El máximo Tribunal estimó que el reclamo del recurrente obedecía a una inconformidad con el resultado, y no a un error en la forma en que el tribunal valoró los informe periciales acompañados por ambas partes para fijar el valor de un bien raíz expropiado.
Los agentes detuvieron a un imputado por “llevar en sus manos una bomba molotov”, luego, al testificar relataron que vieron al acusado portar una botella de cerveza, la cual dejó a los pies de un árbol para alejarse luego de percatarse de la presencia policial, hecho que el máximo Tribunal consideró incongruente respecto de la valoración de la prueba efectuada por los jueces de instancia.
El actor intentó cobrar el saldo de los honorarios presuntamente adeudados luego de construir una casa para el demandado, pero no aportó en el juicio ningún antecedente que pudiera acreditar la existencia de la convención, omitiendo, además, denunciar la infracción de la norma decisoria en sede de casación.
Recurrente acusó que la magistratura de alzada confirmó sin más la sentencia de base que desestimó la impugnación de un crédito, en circunstancias que en segunda instancia acompañó pruebas suficientes para desvirtuar la pretensión de la acreedora, y de las cuales el tribunal no se refirió.
El demandante no pudo acreditar su dominio respecto del inmueble que pretendía reivindicar, acusando una errada valoración de las pruebas. Para el máximo Tribunal, tal reclamo se condice con una disconformidad con el resultado del juicio, y no con errores de derecho que persigue el recurso de nulidad sustancial.
La Municipalidad de Lo Barnechea demandó ejecutivamente el cobro de patente municipal a contribuyente que tributa en la comuna de Pirque, pero el tribunal solicitó al deudor que probara el desenrolamiento de la comuna demandante, en circunstancias que nunca estuvo enrolado allí, invirtiendo de esta forma las reglas contenidas en los artículos 1698, 1699 y 1700 del Código Civil.
El máximo Tribunal ordenó retrotraer la causa al estado de recibir a prueba la impugnación del acuerdo, pues la decisión inicial del juez de base vulneró el debido proceso del impugnante y su derecho a presentar pruebas en juicio.
El recurrente se opuso a la ejecución alegando la nulidad de la obligación contenida en el título, sin embargo, no aportó pruebas que sustentaran su argumento, sosteniendo que era el ejecutante quien debía acreditar la suscripción de los pagarés que pretende cobrar.
