El requirente alega que la norma legal objetada en atención al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, infringe el derecho a un recurso contra el fallo de un tribunal inferior, consagrado en el artículo 8º Nº2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Excluir el testimonio de personas que han tenido una participación determinante en los hechos puede tener una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de falta de imparcialidad, es un criterio anacrónico y carente de la razonabilidad necesaria para sustentar una restricción que pugna abiertamente con un justo y racional juzgamiento (voto en contra).

El requirente alegó que por no acompañar el receptor judicial la transcripción de la declaración de los testigos dentro del plazo de 10 días, previo apercibimiento se la tuvo por desistida la prueba testimonial, lo que vulnera el debido proceso, la defensa jurídica, la igualdad de armas, entre otras garantías.

No obsta el hecho de que las “bromas” o los “chistes” del trabajador en cumplimiento de sus deberes para la empresa conforman una actitud reprochable, pero lo cierto es que tal circunstancia no resulta suficiente para extinguir el vínculo laboral con un dependiente que no contaba con antecedentes disciplinarios previos, sino que además ostentaba una antigüedad de 12 años en la empresa.

El requirente alega que la prohibición de presentar testigos en sede de revisión vulnera la igualdad ante la ley y su derecho a defensa, debido a que torna ésta en ineficaz al no poder ofrecer un testimonio al que la defensa tuvo acceso después de dictada la sentencia condenatoria.

No se especificó de modo alguno las razones que permitirían desestimar las versiones de estos testimonios, en circunstancias que el Tribunal necesariamente debió hacerse cargo en su fundamentación.

La pretensión del recurrente equivale a alegar que no se pudo llegar al juzgado por un desperfecto técnico del vehículo y exigir la nulidad del acto llevado a cabo.

Las inhabilidades de los testigos operan como una garantía frente a la ausencia de imparcialidad de los testigos que presenta un litigante y que podrían afectar a la contraria. Tal disposición supone una limitación razonable a este medio probatorio y no es vulneratoria ni contraria a la igualdad ante la ley.

Las pruebas contra los dos demandantes fueron producidas en audiencia pública, en su presencia y de sus representantes, y tuvieron la oportunidad de participar en el contrainterrogatorio de esos testigos. La defensa también tuvo la oportunidad ilimitada de presentar su propia versión de los hechos y las pruebas pertinentes.

El imputado fue condenado por manejar en estado de ebriedad, y solicitó la revisión de la condena argumentando la aparición de dos nuevos testigos del hecho que acreditarían su presunta inocencia, lo que contraviene el artículo 476 del Código Adjetivo que prohíbe la prueba testimonial para fundar la solicitud de revisión.