El demandante no pudo acreditar su dominio respecto del inmueble que pretendía reivindicar, acusando una errada valoración de las pruebas. Para el máximo Tribunal, tal reclamo se condice con una disconformidad con el resultado del juicio, y no con errores de derecho que persigue el recurso de nulidad sustancial.

La Municipalidad de Lo Barnechea demandó ejecutivamente el cobro de patente municipal a contribuyente que tributa en la comuna de Pirque, pero el tribunal solicitó al deudor que probara el desenrolamiento de la comuna demandante, en circunstancias que nunca estuvo enrolado allí, invirtiendo de esta forma las reglas contenidas en los artículos 1698, 1699 y 1700 del Código Civil.

El máximo Tribunal ordenó retrotraer la causa al estado de recibir a prueba la impugnación del acuerdo, pues la decisión inicial del juez de base vulneró el debido proceso del impugnante y su derecho a presentar pruebas en juicio.

El recurrente se opuso a la ejecución alegando la nulidad de la obligación contenida en el título, sin embargo, no aportó pruebas que sustentaran su argumento, sosteniendo que era el ejecutante quien debía acreditar la suscripción de los pagarés que pretende cobrar.

El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados, en el caso concreto, vulneran su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.

Se desestimaron los argumentos de miembros de la Guardia Civil condenados por abuso de autoridad, al no existir error en la apreciación de la prueba ni vulneración de la presunción de inocencia.

La infracción al artículo 1698 del Código Civil implica una alteración sustancial de los jueces de fondo al onus probandi, hecho que no ocurrió en la especie.

No existen vicios en el procedimiento de descarga de estos datos por Fiscalía, pues el denunciante facilitó esas comunicaciones y los funcionarios dejaron una detallada constancia del mismo.

El derecho a la defensa no se agota con la mera posibilidad de presentación de pruebas, sino que precisa que esta pueda ser practicada, confrontada, contrastada, impugnada y sustentada.

No es racional ni justo que por aplicación del artículo 277 del CPP, el imputado se vea impedido de apelar para que se revise si la desestimación de la prueba por parte del juez fue correcta o no.