LyD asegura que la Tercera Sala de la Corte Suprema (CS) vuelve a realizar una grave vulneración al orden institucional establecido en la Constitución, esta vez, en materia ambiental.
La investigación, enfocada en el aumento en las concentraciones de azufre en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, asigna responsabilidades al Estado por dejar actuar en esta materia, tanto a la empresa privada como a la pública.
“Hemos sido testigos de una tremenda revolución institucional sobre la materia, que nos hizo transitar desde un escenario de leyes sectoriales fragmentarias o dispersas, a una institucionalidad ambiental con leyes y reglamentación precisa, y recubierta por la presencia de organismos administrativos y jurisdiccionales altamente especializados”, afirmó el Ministro Presidente de la Corte Suprema.
La instancia fiscalizadora recibió la exposición de los secretarios regionales ministeriales de Salud y Medio Ambiente.
El programa de cumplimiento presentado para mitigar el daño ambiental debe ser evaluado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
