La solicitud alegó que las personas beneficiarias están sufriendo episodios de violencia y amenazas por parte del crimen organizado y la policía, así como expulsiones de sus aldeas en el contexto de la falta de finalización de la demarcación y protección de su territorio. Informaron sobre violencia, asesinatos, agresiones e intimidaciones, como destrucción de bienes y uso de armas de fuego dentro de las comunidades Tapeba.