El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la nueva Constitución debe realizarse desde la unidad de la nación y el Estado.
La Magistratura constitucional colombiana encontró que los miembros de la comunidad debían trasladarse durante más de 3 horas para acceder al agua, y que, en todo caso, tales fuentes no resultaban aptas para consumo humano.
Acusan que el Decreto N°97 del Ministerio de Educación fue dictado omitiendo lo acordado en los procedimientos de consulta indígena que se practicaron durante su tramitación.
El documento explica la reforma constitucional, que incorpora 17 cupos para representante de pueblos originarios en el órgano constituyente.
La evaluación ambiental se llevó a cabo sin respetar las instancias de participación que nuestra legislación reconoce a los pueblos originarios.
Cumpliendo con el mandato de la Sala de Sesiones, la instancia del Senado escuchó a representantes de todos los pueblos originarios que quisieron dar su opinión en torno al texto legal que fue despachado a Sala.
sólo desplegar información a la comunidad de manera general, “no constituye un acto de consulta a los afectados, pues éstos, en ese escenario, no tienen posibilidades reales de influir en la nueva planificación territorial del lugar donde están localizados, cuya gestación, en la especie, habría tenido en miras la protección de los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad…»
