Las aristas no resueltas en la norma han permitido que se agudicen los posicionamientos antagónicos de los grupos en controversia, inyectando incertidumbre a las actividades económicas, congelando proyectos de inversión y obstaculizando el propio ejercicio de la ley.
Debe retrotraerse el procedimiento para determinar si resulta procedente iniciar una consulta indígena. La declaratoria de Zona Típica o Pintoresca tendría la potencialidad de afectar a personas pertenecientes a pueblos originarios que realizan actividades económicas y productivas en el casco histórico de Castro, lo que no fue ponderado.
Desde oposición plantean el derecho a la vida del que está por nacer, limitar el derecho a huelga, la libertad de elección en ciertos ámbitos y la reducción de integrantes del Congreso. Mientras tanto, el oficialismo presentó enmiendas enfocadas en paridad de género, el derecho al sufragio (voluntario) para que menores de edad y la reserva de escaños para pueblos indígenas en el Congreso.
Por Rodrigo Valdés Roa
El derecho a consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución, por lo que no puede estimarse que es un derecho fundamental.
Hasta el viernes 4 de marzo se realizará en todo el país la consulta indígena de la Convención Constitucional, mecanismo de participación que busca establecer y asegurar los derechos de los pueblos preexistentes al Estado chileno en la futura Constitución del país.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad al aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto, al margen de la consulta establecida en la normativa legal vigente.
El derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas, además del reconocimiento de sus instituciones y jurisdicciones propias y la activa participación en el ejercicio y distribución del poder, debe serles reconocidos.
La Región de Salta fue declara en emergencia sociosanitaria tras el fallecimiento por desnutrición de seis niños indígenas de la etnia wichí.
Denuncian transgresión del derecho internacional indígena, en particular del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual el Estado tiene el deber de adoptar las medias especiales que se precisen para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios, siempre en consideración de los deseos que éstos expresen libremente.
Los constituyentes el pasado 8 de noviembre aprobaron por unanimidad un plazo extra para presentar las enmiendas al Documento Base para el proceso de participación y consulta indígena. Ante el llamado, se presentaron dos documentos que fueron votados por los integrantes de la Comisión.
El sentido de la propuesta que cursa su primer trámite, es que estas lenguas sean reconocidas como oficiales al igual como lo es el español. Se apunta a potenciar su difusión en forma permanente.
