Los sentenciadores para establecer la participación del imputado han analizado la totalidad de la prueba, entregaron los motivos del por qué y cómo le otorgaron valor probatorio, cumpliendo con el estándar exigido, decisión que se encuentra debidamente fundada, sin que exista duda razonable al respecto.
La propia recurrente ha reconocido expresamente la existencia de una comunidad hereditaria, dentro de la cual, existe un inmueble en la localidad de Quellón en el que tiene derechos, pretendiendo fundamentar la arbitrariedad en un supuesto desconocimiento de aquello.
La infraestructura que albergaba al ex Hospital, ha sido incendiada en numerosas ocasiones, y destruida por las condiciones climáticas y de terceros.
El máximo Tribunal tuvo por acreditada la inocencia del recurrente, quien fue condenado por presuntos delitos contra la seguridad interior del Estado, luego de obtener su confesión mediante la tortura efectuada por personal militar.
El máximo Tribunal rechazó el recurso impetrado por la parte demandada por manifiesta falta de fundamento.
El objeto perseguido en subsidio por el reclamante se logró, toda vez que fue condenada a pagar una multa considerablemente menor que la impuesta inicialmente por el órgano fiscalizador.
De esta forma, se cumple el mandato legal del artículo 481 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 348 del mismo cuerpo legal.
La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.
