La norma establece un equilibrio entre los intereses de los deudores insolventes y sus acreedores. Por lo general, permite a los deudores liquidar todas las obligaciones previas a la quiebra, pero hace excepciones cuando, a juicio del legislador, el interés del acreedor en recuperar una deuda en particular supera el interés del deudor en comenzar de nuevo. Una de esas excepciones prohíbe a los deudores pagar cualquier deuda por dinero obtenido por fraude.