La interposición de la demanda se produce en respuesta a las acciones del Ejecutivo federal, que, en las primeras 48 horas de la nueva administración, dispuso la prohibición de iniciativas de DEI dentro de agencias gubernamentales y entre contratistas federales.
Los demandantes aducen que la HR815 viola múltiples disposiciones constitucionales al imponer restricciones que, según sostienen, no están estrictamente vinculadas a la seguridad nacional. Se conculca la libertad de expresión, el debido proceso y la ley constituye una expropiación inconstitucional al imponer la venta forzada de una propiedad privada sin una compensación adecuada.
