La negativa a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del paciente, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, configura un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la recurrente no se encuentra en condiciones de adquirirlo, de modo que la decisión impugnada no permite el acceso a aquel fármaco, único y exclusivo, para el tratamiento de la patología que sufre y, en tal virtud, procede que se adopten las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de la garantía conculcada.