La Corte estimó que no existen prácticas de competencia desleal ni abuso de posición dominante, pues el mercado del envío de correspondencia tiene sus particularidades propias, que no deben confundirse con el mandato legal que obliga a Correos a brindar un servicio de calidad a lo largo del territorio, carga que no deben soportar sus competidores. Además, el máximo Tribunal llamó de atención a los jueces del TDLC por el largo tiempo en la tramitación de la causa y deficiente redacción del fallo.

“A juicio de estos sentenciadores, la SMA transgredió el principio de congruencia al modificar la ponderación de una circunstancia que no se encontraba alegada por la recurrente, vicio que incide directamente en la determinación del monto total de la multa impuesta a la reclamante Áridos Cachapoal», dice el fallo.

Sentencia indica que el proyecto es compatible territorialmente y que la autoridad ambiental desarrolló correctamente el proceso de evaluación de la iniciativa inmobiliaria.

El proyecto significa una inversión de US$3.200 millones para asegurar la continuidad de las operaciones por 20 años

La causa admitida a trámite, es la primera que tiene relación con la Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el Vigesimotercer Juzgado Civil de Santiago.

El fallo contó con el voto preventivo de la ministra presidenta (s) Sandra Álvarez Torres quien manifestó que al tratarse de una controversia que tiene relación con un Programa de Cumplimiento existirían “actos iniciales tanto para el despliegue de una fiscalización como para la formulación de cargos, correspondientes a resoluciones exentas emanadas de autoridad competente”.

El reclamo ingresado en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pretende revertir la calificación favorable del proyecto y lograr que ingrese nuevamente a evaluación, esta vez mediante un EIA y considerando una consulta indígena.

Cabe recordar que esta causa tiene su origen en denuncias formuladas, el año 2017, por vecinos de la zona debido a la realización de una actividad sin haberse sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las que fueron archivadas por la SMA.

La acción de reclamación tiene como propósito revisar la legalidad del proceso licitatorio, denunciando y probando la transgresión a la normativa que lo rige, las ilegalidades o arbitrariedades en que pudo incurrirse, pero en este caso el Tribunal ajustó su actuar a la Ley N° 19.886, sin que su decisión pueda calificarse como contraria a derecho.