La reclamante Sociedad China Xuan busca dejar sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que impuso una multa de 5,1 Unidades Tributarias Anuales por infracción a la Norma de Emisión de Ruido.

“El Tribunal concluye que la resolución reclamada si bien incurrió en un vicio de legalidad, al desestimar la legitimación activa de la solicitante de invalidación, dicho vicio no fue esencial, teniendo presente que de todas maneras se pronunció sobre las alegaciones planteadas”, razona la sentencia.

El Tribunal explica que el hecho que hayan transcurrido aproximadamente catorce meses entre la fiscalización y la notificación de la formulación de cargos (marzo 2022- mayo de 2023) “no permite modificar el análisis ni la conclusión de la SMA plasmada en la resolución reclamada sobre la eficacia de las medidas propuestas en el PdC por el titular, en términos de tornarla ilegal”.

“El Tribunal luego del análisis contenido en la parte considerativa de esta sentencia, ha arribado a la conclusión de que no se verifica un vicio de legalidad en el acto reclamado atribuible a falta de motivación, así como tampoco por infracción del principio de coordinación, que pudieran fundar una invalidación del mismo”, dice el fallo.

La Corte estimó que no existen prácticas de competencia desleal ni abuso de posición dominante, pues el mercado del envío de correspondencia tiene sus particularidades propias, que no deben confundirse con el mandato legal que obliga a Correos a brindar un servicio de calidad a lo largo del territorio, carga que no deben soportar sus competidores. Además, el máximo Tribunal llamó de atención a los jueces del TDLC por el largo tiempo en la tramitación de la causa y deficiente redacción del fallo.

“A juicio de estos sentenciadores, la SMA transgredió el principio de congruencia al modificar la ponderación de una circunstancia que no se encontraba alegada por la recurrente, vicio que incide directamente en la determinación del monto total de la multa impuesta a la reclamante Áridos Cachapoal», dice el fallo.

Sentencia indica que el proyecto es compatible territorialmente y que la autoridad ambiental desarrolló correctamente el proceso de evaluación de la iniciativa inmobiliaria.

El proyecto significa una inversión de US$3.200 millones para asegurar la continuidad de las operaciones por 20 años

La causa admitida a trámite, es la primera que tiene relación con la Ley que crea el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

La Decimotercera Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el Vigesimotercer Juzgado Civil de Santiago.