La exigencia de documentos en el proceso de admisión, tales como anamnesis, ficha médica, el carné de vacunas al día, entre otros, llevaría a que cualquier familia postulante cuyo hijo tuviera una enfermedad que genera típicamente estigma o discriminación, o que tiene un cierto historial conductual, descarte su postulación.
El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
Los órganos de la Administración no ejercen funciones jurisdiccionales al dictar resoluciones, por lo que no se trata de una impugnación de lo resuelto en primer grado.
Que la infracción conlleve una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o que deba reputarse como tal.
Que las conclusiones del juez a quo no satisfagan al recurrente, no implica que se haya incurrido en alguna infracción.
No se fijó el recto sentido y alcance de las normas afectadas.
La actora fue sancionada con la privación temporal y parcial de un 2% de la subvención general por un mes.
La reclamante no acreditó el cumplimiento efectivo del deber de vigilancia.
La reclamante alega que no existe una relación laboral con los repartidores.
La reclamante argumentó que la mayor parte de sus dependientes se encontraba sujeto a la ley de protección al empleo y, por ello, no pudo recabar toda la información.
La sentenciadora limitó infundadamente los medios que probatorios que permitían acreditar el cumplimiento de la obligación.
