La frase “demanda judicial” contenida en el artículo 2518 del Código Civil debe entenderse como cualquier gestión empleada por el acreedor para defender su derecho, en la especie, el reclamo sobre el monto indemnizatorio fijado por la Comisión Tasadora al expropiar el predio del reclamante.

El Tribunal concluyó que en este caso. «i) no se produjeron vicios de procedimiento en la tramitación de la denuncia; ii) la resolución reclamada fundamenta debidamente la decisión de archivo de la denuncia por no configurarse las tipologías de ingreso al SEIA de los literales g) y p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300; y iii) la SMA no cometió ilegalidad alguna al omitir el trámite de consulta al SEA, ya que en este caso no era procedente”.

En la audiencia se realizaron los alegatos por reclamación contra la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes, que calificó ambientalmente favorable la DIA del “Centro de Engorda de Salmonideos Ensenada Colo Colo”.

En su análisis de la reclamación, el Tribunal explica que, durante los años 2020 y 2021, la SMA tuvo en consideración a la pandemia del COVID-19 como un hecho relevante para determinar sanciones específicas. Es más, a partir del segundo semestre de 2021, el ente fiscalizador pasó a considerar a la pandemia en el marco de la circunstancia del literal f) del mencionado artículo 40, es decir, en la determinación de la capacidad económica del infractor.

La colaboración del reclamante al reconocer parte de los hechos, sumado a su irreprochable conducta anterior –no cuenta con infracciones previas- son motivos suficientes para considerar que las multas impuestas y la cancelación del convenio son medidas desproporcionadas.

No existe infracción al artículo 6 del DFL 2 de 1998 del MINEDUC, pues en el caso concreto se cumple el requisito previsto en la norma sectorial de que el director del colegio inicie el procedimiento disciplinario y a su vez decida la expulsión de un alumno.

El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.

Que la propiedad haya sido adquirida por el vendedor de conformidad al DL N°2.695, sumado a que este tenga apellido mapuche puede calificarse sólo como una coincidencia.

La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.

La empresa reclamante sostiene que la declaración emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente es ilegal y arbitraria.