La sentencia detalla que las resoluciones, así como el procedimiento que llevó a su dictación, serían ilegales pues fueron dictadas sin previa audiencia de las reclamantes y, además, ponderaron de forma errada los antecedentes relativos al cumplimiento del Programa y el plazo asociado a la acción 1.6, que establecía un plazo estimado de 18 meses para la obtención de una resolución de calificación ambiental para el proyecto.

La sentencia concluye que las resoluciones del SEA se ajustaron a derecho al declarar inadmisible la reclamación administrativa, ya que la ley exige expresamente que lo que se puede impugnar es “el acto que realice la revisión”, lo que no ocurrió en la especie.

El Tribunal desestimó las alegaciones que cuestionaban la idoneidad de las medidas contenidas en el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones aprobado mediante la resolución impugnada, vinculadas a la frecuencia de los monitoreos, supuestas vulneraciones al principio de juridicidad por no considerar las medidas requeridas por el reclamante.

La sentencia hace un llamado de atención a los servicios públicos que tienen incidencia sobre el Humedal Topocalma y tengan a cargo el seguimiento de la integridad ecológica del mismo.

El artículo 86 del Estatuto Administrativo impide el desempeño paralelo en dos cargos públicos y en consecuencia el pago de dos remuneraciones financiadas con fondos fiscales.

La reclamación fue interpuesta fuera del plazo que prescribe el artículo 83 de la Ley N°20.529.

El Tribunal de alzada consideró que la solicitud es improcedente por mandato legal y constitucional, normas que establecen la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la reclamación intentada y, en su lugar, la rechaza en todas sus partes.

El Tribunal de alzada descartó infracción a la prueba rendida en la sentencia de primera instancia.

En su análisis, el Tribunal determinó que el predio en cuestión está emplazado en un terreno que geográficamente ha sido una isla, y que, por lo tanto, de conformidad con el Decreto Supremo Nº2.734 de 1981 se sitúa dentro de los límites del Santuario.