El máximo Tribunal dio la razón al Conservador de Bienes Raíces, que practicó cuatro inscripciones dominicales, en circunstancias que el vendedor solicitó una única inscripción. La magistratura observó que el contrato singularizaba a cada inmueble, por lo que en aplicación del artículo 78 del Reglamento del Conservador era improcedente la inscripción de un único predio.
El recurrente alegó una demora injustificada en la tramitación de su reclamo ante la Superintendencia, lo que vulnera su garantía de igualdad ante la ley, debido a que su petición no fue resuelta dentro de plazo como ocurrió con otros solicitantes en la misma situación.
El artículo 13 del Reglamento Conservatorio faculta al CBR a rehusarse a inscribir en caso de observar vicios que acarreen la nulidad absoluta del título, lo que no ocurre en este caso.
El recurrente pretendía la inscripción de un usufructo vitalicio, en circunstancias que el causante, por medio del testamento, le otorgó la adjudicación preferente de un inmueble para hacerse del pago de su derecho real de herencia.
En la especie el documento cumple con todos los requisitos que impone el artículo 5 de la Ley N°19.983, y sólo carecería de fuerza ejecutiva si la obligación que contiene no fuera líquida, actualmente exigible, o la acción estuviera prescrita.
El reclamo debe interponerse en el plazo de 10 días hábiles que consagra la norma.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La tardanza inexcusable de la Administración afectó el principio del debido proceso, pues resulta indudable que para que exista un procedimiento racional y justo la decisión final debe ser oportuna.
El tiempo de prescripción se debe contar a partir del momento en que tomó conocimiento de los hechos, porque sólo desde ese entonces pudo ejercer sus atribuciones sancionadoras.
El Tribunal estableció que la actuación de la autoridad fiscalizadora no vulneró las normas del debido proceso durante la tramitación del sumario sanitario, abierto por auto denuncia por accidente laboral registrado en obra de construcción en la comuna de Peñaflor, en diciembre de 2017.
