El plazo de 30 días previsto en el artículo 137 del Código de Aguas es uno concebido dentro de un procedimiento administrativo, de manera que no resulta aplicable lo estatuido en el Código de Procedimiento Civil a la decisión del asunto controvertido, pues dicho cuerpo legal rige para el cómputo de los términos propiamente jurisdiccionales, es decir, aquellos que se verifican con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial, mientras que el artículo 25 de la Ley N°19.880 se refiere a esta materia en el ámbito específico de los procedimientos administrativos.

Quien ha deducido el libelo de reclamación es un tercero que se estima afectado por la determinación adoptada por el CPLT, en cuanto dispone que la Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida, debe proporcionar información al requirente de amparo, y por ello carece de legitimación para accionar invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. En efecto, el supuesto básico de tal hipótesis de reserva, consiste en la afectación del debido cumplimiento de las funciones del ente requerido, cuya ponderación e invocación solo corresponde al órgano de la Administración solicitado.

Las alegaciones de arraigo familiar formuladas por la reclamante deben ser desestimadas, toda vez que la sola existencia de su madre en el país no permite alterar la situación del actor, quien ha cometido dos ilícitos a escaso tiempo de haber ingresado al país, ambos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, en cuanto afectan bienes jurídicos relevantes como lo son la salud y la seguridad pública.

El efecto natural y obvio de la decisión edilicia de revocar la patente municipal que le otorgó a la actora para desarrollar su actividad económica radica en que esta queda impedida de ejecutar tal actividad, y provoca una especie de decaimiento de la clausura del establecimiento, ya que el efecto de ésta sanción resulta inocuo, pues el mismo ya se materializó con la decisión del ente municipal, de revocar la referida patente municipal.

La orden de expulsión se basó en una condena penal prescrita por el delito de infracción a la salud pública durante el período de Covid-19, y por estar vinculada a una investigación por el delito de usurpación no violenta, proceso en el cual no ha sido formalizada. Se tuvo en consideración que la reclamante no fue adecuadamente notificada de la orden previa de abandonó, lo que vulneró su derecho al debido proceso.

Cuando un procedimiento administrativo excede los plazos razonables sin justificación, los actos dictados pierden su eficacia. En este sentido, el decaimiento del acto administrativo es una consecuencia directa de la dilación indebida, que no solo afecta la legalidad del acto, sino también su aplicabilidad y validez.

La Corte consideró procedente la derivación de antecedentes al Ministerio Público, conforme a las obligaciones legales de denuncia de los funcionarios públicos de hechos que eventualmente puedan revestir el carácter de ilícito.

La Corte acogió el reclamo, al considerar que la cuestión ya había sido resuelta en una sentencia anterior desconociéndose así el efecto de cosa juzgada y porque no consideró que se cuenta con obras de captación suficientes.

Tuvo en consideración que, si bien las concesionarias tienen el derecho a modificar ciertos elementos de su concesión, este derecho no es absoluto y debe respetar las disposiciones legales y técnicas, además de proteger los derechos de otras concesionarias.

Sostuvo que la causal invocada requiere que se explique, de forma concreta, cómo es que se configura la afectación de las funciones del órgano, porque sobre este recae la carga de explicar cómo es que el principio constitucional de transparencia debe ceder, por configurarse la causal de reserva y la afectación de los bienes jurídicos protegidos, esfuerzo que, en el caso concreto, el órgano público no realizó.