Se acreditó que la reclamante infringió la normativa del Decreto N°548, del Ministerio de Educación, el cual prohíbe la existencia de edificaciones con destino distinto al educacional dentro del predio en que se emplaza el establecimiento, a menos que estas edificaciones cuenten con accesos independientes desde la vía pública y se encuentren físicamente separadas del local escolar.
La resolución de expulsión impugnada adolece de ilegalidad, ya que fue dictada sin considerar el análisis requerido por el artículo 129 de la Ley N° 21.325, respecto al interés superior del niño, en este caso, la hija del reclamante. Ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento teniendo presente el mérito del certificado de nacimiento de la menor.
La SEC refirió que la fiscalización realizada tuvo por objeto verificar el cumplimiento del proceso de control de calidad de los combustibles que distribuye y comercializa la actora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 132, que dispone la obligación para las empresas distribuidoras de efectuar un control permanente de la calidad de los combustibles; indicando también que toda la información relativa a dicho control debe estar disponible en la empresa, para que el personal técnico de la autoridad pueda verificar el adecuado cumplimiento de la calidad de los combustibles.
La DOM de la Municipalidad de Recoleta se ha extralimitado flagrantemente en sus atribuciones, causando con ello un grave perjuicio al reclamante, pues ha cuestionado antijurídicamente la dimensión del predio y ha iniciado un procedimiento de invalidación tramitado en forma irregular, llegando a notificar a una audiencia al afectado en una hora posterior a la fijada para tal efecto.
Tuvo en consideración que a la fecha de fiscalización existía sólo un Reglamento -Resolución Exenta N°015/032, del 21/01/2021- vigente para los distintos jardines infantiles de la JUNJI que fueron fiscalizados, siendo ese el acto administrativo reprochado por la autoridad educacional en los distintos procesos administrativos originados en la ejecución del programa de fiscalización, por lo que, una vez constatada la infracción, se debió culminar en la imposición de una sola multa. En consecuencia, debe estarse a la multa impuesta precedentemente, cuestión que determina que la resolución impugnada en los presentes autos debe ser dejada sin efecto.
Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al introducir una distinción arbitraria entre los derechos de los particulares y los órganos de la Administración en cuanto a la capacidad para reclamar de decisiones de acceso a la información pública, negándoles esta posibilidad cuando la denegación de información se basa en la causal de secreto o reserva relacionada con el cumplimiento de sus funciones, mientras que los solicitantes de información sí pueden recurrir.
La modificación de permiso de obra nueva que se impugna no altera de manera alguna el uso de suelo residencial, y el titular del permiso de edificación original se encontraba facultado para cambiar el destino del proyecto a hospedaje (Apart Hotel) sin servicios anexos, porque aquel no se encuentra expresamente prohibido.
El Instituto de Salud Pública, conforme al artículo 59 del DFL N° 1 de 2005, tiene entre sus funciones el control de calidad de medicamentos y productos sujetos a control sanitario. La información solicitada se encuentra en una carpeta administrativa oficial del organismo, aplicando el principio de transparencia establecido por la Ley de Transparencia y la Constitución, que presume pública la información en poder de los órganos del Estado, salvo excepciones legales.
La reserva tiene como finalidad garantizar la protección de los derechos de las víctimas que declararon ante las Comisiones Valech, resguardando su integridad y seguridad, y evitando que sus testimonios sean utilizados en contextos ajenos a los previstos en la normativa de reparación y justicia transicional.
No es procedente atacar, mediante el recurso a que se refiere el inciso segundo del artículo 27 bis de la Ley 19.995, una resolución que no evalúe u otorgue, deniegue o renueve un permiso de operación de casinos de juego, en circunstancias que la resolución impugnada, dictada por la SCJ, se limita a abstenerse de conocer de un recurso extraordinario de revisión —deducido de acuerdo al artículo 60 de la Ley 19.880—, de suerte que ello impide que pueda ser impugnada a través del reclamo de ilegalidad.
La multa impuesta se encuentra dentro del rango mínimo establecido por la ley, de acuerdo con la gravedad de los hechos sancionados y su proporcionalidad a los bienes jurídicos afectados, esto es, la continuidad de la prestación del servicio educativo y la calidad del aprendizaje, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.529.
