Resolvió que el hecho que, en la actualidad la orden de captura que pesaba sobre el reclamante ya no exista, no constituye un argumento idóneo para dejar sin efecto el acto administrativo impugnado, pues, sea como fuere, a la fecha de su dictación sí se reunían las exigencias legales anotadas para ordenar la expulsión.

Resolvió que, al no ser titulares del derecho de aprovechamiento de aguas, no están obligados a soportar el pago de la patente, razón por la cual no tienen perjuicio alguno con lo decidido por la DGA, de lo cual se concluye que carecen de interés jurídico para ser titulares de la reclamación.

La Corte tuvo en consideración que la Clínica Las Condes fue sancionada por incumplir con la resolución de la Superintendencia de Salud que le ordenó entregar la ficha clínica de una paciente en formato digital, además de físico, tal como lo solicitó su representante legal. Se constató que la clínica incumplió dicha orden y no impugnó las medidas adoptadas por la Superintendencia.

Resolvió que la ley puede establecer limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, y que la instalación de máquinas tragamonedas, actividad prohibida para el sector, justifica la no renovación de las patentes de alcoholes.

Resolvió que el error en la ficha de licitación no invalida el proceso, ya que las bases administrativas prevalecen sobre dicho documento. Asimismo, que no hubo discriminación ni trato desigual, ya que la aplicación de las bases garantiza que todos los oferentes se sometan a las mismas reglas, sin que se configure una infracción normativa directa.

Resolvió que no se configuró ninguna causal legal que exima del pago de la patente, dado que la reclamante no acreditó la existencia de obras de captación autorizadas, y la solicitud de traslado de los puntos de captación no constituye una causal de exoneración según la ley. Finalmente, añadió que el retraso en la autorización del traslado no exime de la obligación de pago, pues las excepciones están taxativamente previstas en el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas.

Resolvió que la aseguradora incumplió su obligación al negarse a pagar el seguro a primer requerimiento, dado que este tipo de póliza exige únicamente la identificación de la póliza, el asegurado y el monto asegurado, sin requerir documentación adicional. Esta conducta motivó la sanción de la CMF, al infringir la normativa aplicable, sin que lo anterior prive al asegurador de las acciones de reembolso, ya sea contra al afianzado o contra el asegurado, si ha reclamado una indemnización en exceso.

La Corte de Santiago resolvió que la DGA actuó conforme a la normativa vigente, al exigir la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales como requisito para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. La falta de este requisito, no subsanada por la reclamante, impide la tramitación de la solicitud.

Resolvió que la judicatura no tiene las competencias técnicas para revisar materialmente lo resuelto por la DGA, cuya decisión está amparada por la presunción de legalidad de los actos administrativos.

Desestimó las ilegalidades respecto de la resolución impugnada, y rechazó la solicitud de rebaja de la multa, pues se ajusta a los parámetros establecidos en la Ley N° 18.410, considerando diversos factores como el daño causado y la capacidad económica.