La Superintendencia de Educación al conocer reclamaciones administrativas en contra de sus sanciones solo puede pronunciarse sobre las peticiones que formule el reclamante.
Al realizarse la fiscalización, el reclamante ya detentaba la calificación de sostenedor de la escuela, por lo que le corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos de infraestructura del establecimiento educacional.
Los formularios solicitados constituyen información acerca de la propiedad de la aseguradora y su divulgación podría afectar a todos sus afiliados.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada tiene el carácter de reservada o secreta, por disposición legal.
Es un órgano administrativo que carece de legitimación para esgrimir causales de secreto o reserva relacionadas con derechos personalísimos de terceros interesados.
El Tribunal de alzada anuló la resolución exenta, tras establecer el actuar ilegal de la superintendencia por infracción al debido proceso.
El CPLT ilegalmente ha exigido la entrega de una información que no consta en actos, resoluciones, actas, procedimientos, contratos y que no ha sido elaborada con presupuesto público y que, además, no consta en soporte alguno.
Los prestadores de salud no pueden exigir como garantía de pago por las prestaciones que reciba un paciente el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo.
No se contempla un plazo especial de prescripción para la infracción administrativa cursada, por lo que se debe aplicar el artículo 2515 del Código Civil.
El hecho que el establecimiento educacional haya subsanado su falta no elimina la veracidad del defecto constatado, solo atenúa su sanción.
