Solo uno de los artículos de la ordenanza se declaró ilegal.
El Tribunal de alzada rechazó la reclamación interpuesta por la ONG El Paciente Inglés, tras establecer que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho, en atención al volumen de la información solicitada.
El Tribunal de alzada descartó que la información que ordenó entregar el Consejo para la Transparencia a las administradoras de fondos de pensiones, esté cubierta por causal de reserva.
El máximo Tribunal, por opinión mayoritaria de los ministros Muñoz y Aránguiz y el abogado integrante Pierry, consideraron como fundamentos de la decisión de mantener lo resuelto por la Corte de Apelaciones.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario del municipio al realizar observaciones a los proyectos de construcciones de edificios ubicados en Toro Mazote N° 315; Toro Mazote N° 304; Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 3.901 y Recreo N° 321, todos ellos de propiedad de la Inmobiliaria Suksa Limitada.
