La tardanza inexcusable de la Administración afectó el principio del debido proceso, pues resulta indudable que para que exista un procedimiento racional y justo la decisión final debe ser oportuna.

El tiempo de prescripción se debe contar a partir del momento en que tomó conocimiento de los hechos, porque sólo desde ese entonces pudo ejercer sus atribuciones sancionadoras.

El Tribunal estableció que la actuación de la autoridad fiscalizadora no vulneró las normas del debido proceso durante la tramitación del sumario sanitario, abierto por auto denuncia por accidente laboral registrado en obra de construcción en la comuna de Peñaflor, en diciembre de 2017.