Resolvió que la recurrida actuó dentro de sus atribuciones al negar la renovación de la patente comercial del actor debido a deudas por multas de 2012 y 2013, no controvertidas, y aunque no fueron notificadas por más de diez años, consideró que la decisión se sustentó en antecedentes plausibles, por lo que descartó ilegalidad o arbitrariedad.

Resolvió que el recurso de amparo económico sólo es procedente por vulneración a la norma contenida en el inciso segundo del número 21° del artículo 19 de la Constitución, esto es, aquella que permite al Estado desarrollar o participar en actividades empresariales únicamente si lo autoriza una ley de quórum calificado. Concluyó que no es posible entender que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita esté protegida por este recurso.

Concluyó que la decisión adoptada no es ilegal ni arbitraria, sino que responde a un conflicto civil relacionado con el destino habitacional y comercial de la propiedad.

Desestimó el recurso de amparo económico, al determinar que no se vulneró el derecho a la libertad económica del actor, pues este no acreditó que las máquinas de su local cumplieran con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Casinos para su funcionamiento.