Se dispuso que de inmediato sea examinado por un médico especialista a fin de que se disponga el tratamiento idóneo para el restablecimiento de la salud del amparado debiendo Gendarmería proveer los medicamentos que le sean prescritos.
No se ha cumplido con los presupuestos de aplicación del artículo 85 del Código Procesal Penal, no solo por cuanto el amparado ya había sido identificado antes de ser trasladado al Retén de Melipeuco, sino como también porque allí se realizó una medida investigativa distinta de la identificación del amparado.
Según la PDI el amparado registraba una orden de arraigo judicial vigente, sin indicación del delito, proveniente de la causa del Segundo Juzgado de Menores de Santiago, dictada hace 25 años.
El Estado y sus agencias deben garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia, entre ellos su seguridad individual y salud física y mental, lo que en este caso se incumple.
El artículo 141 del Código Procesal Penal, solo permite la prisión preventiva anticipada cuando el imputado está cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad y no cuando está bajo la misma medida cautelar, refiere el voto en contra.
La decisión de excluir al amparado, fundada en el texto del artículo 17 letra e) de la Ley N°19.856, conforme a la modificación introducida por la Ley N°21.421 de 9 de febrero de 2022, supone aplicar retroactivamente una norma penal desfavorable para el sentenciado, toda vez que le exige cumplir con requisitos inexistentes, tanto a la fecha en que cometió el ilícito como a la fecha en que fue condenado por sentencia firme y ejecutoriada.
La negativa a conceder la libertad condicional no se ajusta a derecho, ya que Gendarmería informó que el amparado cumple el tiempo mínimo requerido, presenta un riesgo de reincidencia bajo, cuenta con una red de apoyo familiar que favorece su reinserción social y ha demostrado conciencia del daño causado y motivación al cambio.
Entender lo contrario en el caso en concreto y permitir como lo hizo la Juez a quo que transcurridos 9 meses se le otorgue un plazo de dos días al Ente persecutor para deducir la acusación en contra de la amparada, significó exponerla a permanecer vinculada al proceso y eventualmente expuesta a un reproche penal, actuar ilegal que amenaza la libertad personal de la amparada.
Si bien se constata que la fecha fijada para la audiencia de juicio oral supera el plazo previsto en el artículo 39 de la Ley N°20.084, ello obedece a limitaciones de agenda del tribunal. La subsistencia las medidas cautelares no deriva de la fijación de la audiencia en una fecha posterior al plazo legal, sino de la concurrencia de los requisitos de las citadas normas.
Aunque la orden impugnada fue dictada por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, esta Corte estima que la misma adolece de un vicio de legalidad en razón de los antecedentes hechos valer en esta sede.
Condenada padece una serie de enfermedades que, en la práctica, le impiden valerse por sí misma, y como es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, corresponde ordenar el cumplimiento del saldo de la pena impuesta bajo el régimen de reclusión domiciliaria total.
