No existe ilegalidad en el actuar del Servicio recurrido, ya que se fundó en una causal contemplada en la ley y previo apercibimiento al amparado, sin que acompañara dentro del procedimiento administrativo regulado para tal fin, ni durante la tramitación de estos autos, el pago solicitado, refirió el voto en contra.

En cuanto a la medida cautelar impugnada aparece dictada por autoridad competente, con las formalidades legales y existiendo mérito o antecedentes que la justifican. Además, la defensa letrada del imputado no se opuso a la medida cautelar de arraigo nacional en la audiencia de rigor.

El acto recurrido fue dictado al margen del marco normativo que rige la competencia del Juez de Garantía lo que ha impedido proceder de forma inmediata conforme a las reglas del juicio abreviado, obteniendo el adolescente privado de libertad una sentencia que puede implicar cumplimiento en libertad; obligando, en cambio, al ente persecutor a ir a un juicio oral que requiere de acusación, audiencia preparatoria y agendamiento de audiencia de juicio.

Aun cuando dicho informe no es del presente año, no se puede desconocer que la enfermedad mental de una persona con esquizofrenia es progresiva con el desarrollo del tiempo.

Mantener su prisión preventiva constituye una infracción grave al ordenamiento jurídico, por vulnerar derechos fundamentales y tratados internacionales que garantizan que las personas con discapacidad mental no pueden ser privadas de libertad, por lo que ninguna deficiencia del Estado puede justificar la mantención de personas con discapacidad mental en establecimiento penitenciarios, reza la prevención del ministro Zepeda que estuvo por reemplazar la internación provisional por arresto domiciliario total.

Sumar todas las penas para establecer una única condena a efectos de postulación a beneficios intrapenitenciarios y a la libertad condicional, cuenta con respaldo normativo en la Providencia N°2131/2024 y el Dictamen N°53.843/18 de la CGR, informó Gendarmería.

Aun cuando se trate de un certificado médico y no de una licencia médica, no corresponde a la juez cuestionar la validez del mismo, ni el reposo ordenado, toda vez que fue decretado por un facultativo en ejercicio de su profesión.

El recurrido informó que ante la ausencia de instalaciones militares aptas en la región, adoptó medidas paliativas, como el aislamiento del imputado en un módulo especial dentro del Centro Penitenciario de Alto Hospicio.

Los principios rectores de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente exigen que el despacho de arbitrios como el que se recurre, estén debidamente fundados y agotados los medios no compulsivos de citación y comparecencia, lo que no se verifica en la especie.

Lo anterior aunque el imputado no se haya presentado al SML para ser evaluado tras haberse suspendido el procedimiento por posible enajenación mental, ya que ordenar la reapertura de la causa sin la presencia de su curador ad litem importa una falta al debido proceso y afecta la libertad personal y/o seguridad individual.