El amparado no hizo uso del recurso ordinario que la ley dispone para enmendar las resoluciones que le causan agravio a los intervinientes, como acontece con el recurso de apelación.

El saldo de la pena a cumplir ha sido determinado por una resolución judicial debidamente fundada, dictada por la autoridad judicial competente, dentro de un procedimiento legalmente tramitado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 18.216.

La actividad penitenciaria tiene como finalidad primordial la custodia, asistencia y reinserción social de los condenados, garantizando el respeto a su dignidad y derechos fundamentales.

Del mérito de los antecedentes consta que procedía evaluar la eventual concesión del beneficio de salida dominical al amparado en el mes de septiembre del año pasado, sin embargo, ello no ha ocurrido a la fecha, indicando la parte recurrida que sólo realizará dicha gestión en el mes de marzo próximo.

La recurrida no hizo valer en estrados antecedentes que den cuenta que el amparado hubiese cometido en el pasado, en su país de origen o en Chile, actos reñidos con la ley, pues solo se cuestiona que éste, en proceso de empadronamiento biométrico efectuó una declaración de ingreso clandestino al país, lo cual puede obedecer a un error involuntario, al pretender regularizar su situación migratoria que a esa fecha era irregular.

Una interpretación armónica de las normas aplicables revela que la recurrida estaba en condiciones de designar un defensor de oficio para evitar que el condenado quede privado de los derechos a defensa y al recurso, en vez de declarar abandonado el recurso de nulidad.

Se aprecia la existencia de vulneraciones a las garantías fundamentales que afectan a los adolescentes que se encuentran privados de libertad en el CIP San Joaquín, dada las deficiencias en las condiciones de la infraestructura del lugar y la carencia de una atención de salud mental, por profesionales del área, suficientes y oportuna.

El informe psicosocial, elemento central en análisis, atento los términos del recurso, resulta razonablemente fundado para concluir que el postulante no reúne aún las condiciones para terminar de cumplir su condena bajo el régimen de libertad condicional.

La Ley Orgánica de Gendarmería otorga al Director Nacional la facultad de decidir traslados, informó el recurrido. Pero advirtiendo la contradicción en lo relativo a la situación del interno y su conducta, resulta aconsejable que la petición de traslado se resuelva previo debate, con los antecedentes actualizados en una audiencia que al efecto citará la juez de la causa a la brevedad.

Lo anterior, sin perjuicio de la prosecución de la cobranza judicial hasta obtener la íntegra solución de la obligación con sus respectivos intereses, reajustes y recargos, según el procedimiento ejecutivo aplicable.