Los artículos 26 del Código Penal, 348 del Código Procesal Penal y 164 del Código Orgánico de Tribunales, si bien no autorizan expresamente los abonos de tiempos de privación de libertad anteriores, tampoco los prohíben.

Además, cuenta con trabajo estable, de acuerdo al contrato de trabajo y certificado de cotizaciones previsionales, todo lo cual da cuenta del arraigo social del extranjero en el país.

Consta que el ejecutado tiene bienes, entre ellos, una propiedad, respecto de los cuales se ha pedido el embargo e incluso con auxilio de fuerza pública, a lo que el tribunal ha accedido, sin que la ejecutante haya realizado las actuaciones pertinentes para perseguir el cobro de lo adeudado sobre dichos bienes, lo que denota una desidia de su parte ya que han transcurrido 10 años desde el inicio de la causa ejecutiva.

Lo anterior se agrava, porque actualmente se carece de autoridades diplomáticas competentes de ese país con presencia en Chile para realizar trámites como el exigido.

El tiempo mínimo de la pena para postular a la libertad condicional se determina individualmente, aplicando a cada una de las penas impuestas la proporción que debe cumplir según el delito cometido, para luego, y una vez que se ha establecido cada uno de los tiempos mínimos, se establezca aquel de manera global, tras la sumatoria de los períodos resultantes, a diferencia del razonamiento de la recurrida, en cuanto a realizar el cómputo en bloque.

La resolución se ajustó a la Ley N°20.084 y a criterios de agendamiento, descartando vulneración de derechos del imputado por haberse fijado una fecha posterior a la del adolescente.

El sistema penitenciario, en especial para casos vinculados a violaciones de derechos humanos, establece requisitos adicionales estrictos para la concesión de beneficios. Sin embargo, la documentación presentada no demuestra que la confesión del interno haya sido determinante para el esclarecimiento de los hechos, ya que no se consideró como atenuante en la sentencia, refiere el voto en contra.

Se incumple por la Administración la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo.

El auto de apertura de preparación de juicio oral se remitió al TOP antes del vencimiento del plazo de cinco días a que se refiere el inciso primero del artículo 280 bis del Código Procesal Penal, norma que debe entenderse relacionado con el artículo 366 del mismo cuerpo legal que establece el régimen recursivo general para deducir recursos de apelación, refirió el voto en contra.

El principio de la irretroactividad de la ley integra el derecho penal en sentido amplio y, por tanto, se encuentra sujeta a la denominada garantía de ejecución, por lo que al resultar desfavorable para el condenado la modificación de la Ley, deberá entenderse que los requisitos a exigir para la reducción de condena serán aquellos que se encuentren vigentes al momento de la dictación de la sentencia de término.