El artículo 14 de la Ley N°14.908, tolera tal apremio, única y exclusivamente cuando se está en presencia de una obligación alimenticia, decretada en beneficio del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado; más no se extiende al pago de los alimentos ordenados pagar a los abuelos.

La omisión de Gendarmería al no garantizar el traslado o conexión remota del imputado por encontrarse en paro generó una dilación injustificada, afectando la libertad individual y el debido proceso.

La Corte tuvo en consideración que de ejecutarse la medida, podría ocasionarse un daño que perturbaría la unidad familiar, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento de esta.

Se excedieron los límites permitidos en los artículos 132 y 229 bis del Código Procesal Penal, lo que afecta las garantías fundamentales del amparado, en particular, su libertad personal desde la ley fija un plazo de duración de la detención, de modo que la prolongación de esta medida cautelar constituye un evento extraordinario que solo se justifica ante situaciones especiales y muy justificadas.

Esta haciendo uso de beneficios intrapenitenciarios; se encuentra en el CET, con buena conducta y favorable disposición a los procesos de reinserción; ha presentado avances significativos en cuanto a la conciencia del delito y del daño causado; no presenta habitualidad conductual.

Las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar derechos fundamentales de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio o restricción de libertad, como ocurre con el abono pedido por el condenado.

La decisión impugnada, en este caso, no es una sentencia definitiva que ponga término al juicio, sino una que dispone la manera o forma en cómo la pena impuesta al sentenciado debe cumplirse, de modo que se encuentra dentro de la hipótesis consagrada en el artículo 79 del Código Penal, en cuanto tal decisión es revisable en sede de apelación, y mientras la resolución no se encuentre ejecutoriada no puede decretarse su cumplimiento.

El Centro penitenciario de Bulnes cuenta con todas las condiciones para albergar a la reclusa, unidad penal que alberga internas de bajo y mediano compromiso delictual evitando de este modo que se involucre con internas de alto compromiso delictual, como es el caso del complejo penitenciario mas cercano a su domicilio, informó la recurrida.

No existe ninguna conducta ilegal por parte de la autoridad migratoria, quien actuó dentro de sus competencias, refiere el voto en contra.

No puede dejar de observarse la existencia de arraigo familiar en este país, lo que lleva a concluir que los fundamentos esgrimidos por la autoridad carecen de razonabilidad y proporcionalidad frente a las circunstancias y, sopesando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal del amparado, garantizado por la Constitución.